PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE ESTADOS UNIDOS PARA LOS TLC: RESUMEN

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LOS REQUISITOS LEGALES DE ESTADOS UNIDOS PARA “CERTIFICAR” EL CUMPLIMIENTO DE SOCIOS COMERCIALES

ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE UN ACUERDO COMO EL TPPA

 

La certificación es una obligación jurídicamente vinculante para el presidente de Estados Unidos. En un acuerdo comercial, el presidente no entrega a la otra parte la notificación formal por escrito de que Estados Unidos ha cumplido con sus procesos de aprobación nacionales hasta que certifica que la otra parte ha modificado las leyes y los reglamentos internos para satisfacer sus expectativas, con respecto a lo que se necesita para cumplir con el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPPA), por ejemplo. Anteriormente, las expectativas de Estados Unidos han ido más allá de lo que está en el texto real.

Los funcionarios del gobierno de Estados Unidos transmiten una lista de los cambios en las leyes y reglamentos internos del país socio comercial que requiere antes de permitir que el pacto entre en vigor. Luego monitorean su cumplimiento y presionan al gobierno del país socio comercial para que modifique sus leyes y políticas hasta que satisfagan su opinión con respecto a los cambios que se necesitan.

Si bien el Congreso de Estados Unidos aprobó el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPPA, por sus siglas en inglés), el pacto sólo entraría en vigor en relación con cada parte cuando Estados Unidos certificara que esa parte satisfizo las nociones estadounidenses de cumplimiento. Por lo tanto, la certificación le da al Congreso y a la industria estadounidenses una ventaja adicional para imponer su interpretación de las obligaciones de una parte en virtud del TPPA.

Si bien el requisito de certificación ha existido desde la década de 1980, en los últimos años se ha puesto mayor énfasis en garantizar los cambios exigidos por las corporaciones estadounidenses antes de la certificación. Eso ha causado que la entrada en vigor de los acuerdos con Estados Unidos se retrase aún más.

Estados Unidos intentará aplicar la certificación al TPPA. La Ley Bipartidista de Prioridades de Comercio de 2014 (también conocida como el proyecto de ley Camp-Baucus), que se presentó en enero de 2014 para establecer una nueva concesión de autoridad de vía rápida para el TPPA, tiene requisitos nuevos y adicionales que el Representante de Comercio de Estados Unidos deberá consultar con el Congreso, tales como el hecho de si se han cumplido los requisitos de certificación.

El proceso se aplica a una amplia gama de medidas que incluye leyes, reglamentos, disposiciones institucionales y reglamentarias, y decretos ejecutivos. Estados Unidos insiste en que su interpretación de tales disposiciones y terminología deben prevalecer, aun cuando la ambigüedad o vaguedad fuese deliberada.

Asimismo, ha solicitado a otras partes que den cumplimiento a lo que cree que se acordó, incluso si no está escrito en el texto. No parece que Estados Unidos necesite presentar pruebas confirmatorias para apoyar las expectativas o reclamaciones que plantea de que hubo compromisos y acuerdos orales adicionales que van más allá de los textos del Tratado de Libre Comercio.

Esta práctica de Estados Unidos será especialmente problemática para países como Japón, México y Canadá que se incorporaron al TPPA en la mitad del proceso de negociaciones, y se les pidió que aceptaran todo lo que había sido acordado hasta la fecha. No sabrán qué se ha discutido en relación con el significado de las disposiciones que ya se habían acordado.

Una parte que se una a las conversaciones del TPPA en la mitad del proceso esperaría que se realizaran discusiones durante el proceso de adhesión para pasar a formar parte de las condiciones para la certificación. También se pueden incluir en la certificación negociaciones paralelas entre Estados Unidos y otro país del TPPA.

El Representante de Comercio de Estados Unidos ha tratado incluso de obtener concesiones mediante la certificación que, sin duda, no se incluyeron en el pacto comercial y para las cuales no alegó ningún compromiso verbal.

Sería posible que Estados Unidos certificara el cumplimiento en diferentes momentos para diferentes países del TPPA, dependiendo de la voluntad de éstos de acceder a sus demandas. En consecuencia, eso crearía problemas prácticos para la acumulación y reglas de origen.

El otro país podría rechazar la posición de Estados Unidos y su Poder Legislativo podría negarse a aprobar la ley demandada, pero el ejercicio de su soberanía tendría un precio. Si Estados Unidos se niega a certificar el cumplimiento en un Tratado de Libre Comercio bilateral, el otro país no podría disfrutar de los beneficios que obtuvo de Estados Unidos, tales como aranceles más bajos.

Si el acuerdo entra en vigor entre partes que no son Estados Unidos, todos esos países tendrán que cumplir con las reglas genéricas. Estados Unidos podría negar las oportunidades de acceso al mercado más preciadas que se ofrecen en el TPPA, al tiempo que los países aún estarían obligados a cambiar sus leyes y políticas nacionales cuando el TPPA entre en vigor entre las partes no estadounidenses. La mayoría de esas leyes y políticas pasarán a ser aplicables de forma general para todos los países -la nueva ley de la tierra- por lo que Estados Unidos obtendría de facto los beneficios, sin hacer ninguna concesión.

Los efectos secundarios del proceso de certificación se tratan como un asunto de política interna que se deja para que lo maneje el gobierno.

La certificación puede extenderse durante años después de que cada país haya cumplido con sus requisitos constitucionales para la ratificación. De hecho, la creación de la obligación de certificación en la legislación que implementa los TLC de Estados Unidos contempla la posibilidad de que la promulgación de un pacto pueda retenerse indefinidamente.

Hay numerosos ejemplos de funcionarios estadounidenses que participan en la redacción de las leyes de la otra parte para asegurarse de que cumplan con los requisitos de Estados Unidos para la certificación.

Los intereses corporativos estadounidenses dirigen las demandas del gobierno de Estados unidos durante el proceso de certificación, además de los detalles de la legislación estadounidense para aprobar cualquier acuerdo de libre comercio.

La certificación es un requisito adicional, separado de la vía rápida. En el marco del proceso por vía rápida, el Congreso otorga al presidente de Estados Unidos la autoridad para negociar, firmar y celebrar un acuerdo antes de la votación del Congreso. La vía rápida prohíbe cualquier modificación y limita también las horas de debate en el Congreso, a fin de garantizar la rápida aprobación del pacto.

Una mayoría de los miembros del Congreso podría insistir en realizar cambios al TPPA, incluso con la vía rápida. Si se firma un TPPA sin incluir normas sobre la llamada manipulación de la moneda, por ejemplo, es probable que Estados Unidos realice demandas adicionales para agregar estos términos después de la firma, alegando que no podía conseguir el acuerdo firmado por el Congreso sin concesiones adicionales.

Actualmente el presidente Barack Obama no tiene autoridad de vía rápida, sin la cual se aplican los procedimientos de votación normales del Congreso. Los comités de la Cámara de Representantes y del Senado podrían proponer una enmienda a la legislación que implementa el TPPA que hiciera que la promulgación del acuerdo quedara condicionada a las características adicionales que se incluyan en el texto o a que se eliminen las concesiones a Estados Unidos. O podrían simplemente negarse a aprobar algunos aspectos del acuerdo firmado, lo que significaría que no tendría fuerza de ley con respecto a Estados Unidos.